Posted by on 02/03/2016

El pasado 23 de septiembre el Tribunal Supremo declaró nulo el acuerdo de un Consejo de Ministros, celebrado en 2006, en el cual se denegaba la autorización al Ayuntamiento de Almuñecar (Granada) para celebrar una consulta popular que aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

El citado Consejo de Ministros no tuvo en cuenta adecuadamente, y por tanto interpretó de forma errónea, el contenido del artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local que señala “(…) los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos (…)”. En virtud del citado artículo una Corporación Local puede realizar una consulta popular cuando “tenga competencia estatutariamente atribuida para ello…”.

En resumen y comentando la sentencia, con la limitación que me supone no ser abogado, parece que el Consejo de Ministros se opuso a la consulta popular porque entendía que el PGOU no era competencia “exclusiva” – como no lo es – del Ayuntamiento sino que, al ser de competencia compartida con la Comunidad Autónoma no se daban los requisitos exigidos por la ley. El tribunal en su sentencia le enmienda la plana al Consejo de Ministros y añade que, si bien no son competencia exclusiva del Ayuntamiento, si que son competencia del municipio y – por tanto – es posible la consulta popular. El hecho de que la ordenación urbanística sea una materia que necesariamente deba coordinarse con la comunidad autonómica no impide que el Municipio pueda preguntar a sus ciudadanos.

Nuevamente se cumple el principio conocido como “navaja de Ockham”, es decir las explicaciones nunca deben multiplicar las causas sin necesidad y cuando dos explicaciones se ofrecen para un fenómeno, la más simple – posiblemente – sea la correcta. En este caso parece lógico que algo tan sensible como un PGOU puede ser consultado a los que van a sufrirlo/disfrutarlo. Pero que voy a decir yo si soy un liberal convencido de las virtudes de la “democracia directa”.

A todo esto debemos añadir que las consultas ciudadanas son posibles y necesarias, además de ser aptas para cosas complejas como es el ordenamiento urbano. En cualquier caso esto no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera, en muchos casos necesitarán cierta dosis de esfuerzo para que comprendamos lo que se nos está preguntando, de otro modo, podría llevarnos a la conclusión que sólo se nos pueden consultar asuntos excesivamente generalistas o ridículos: le ponemos el nombre de fulanito a una calle o quitamos estatua de menganito de tal plaza.

Goethe (1749-1832) escribió “Los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad” de ahí que, el hecho de que no seamos expertos en un tema, no puede excluirnos de tener una opinión al respecto.

No soy arquitecto o ingeniero… pero tengo mi opinión sobre cómo me gustaría que fuera mi ciudad o mi municipio, tan sólo tienes que hacerme la pregunta de forma que comprenda que me estás preguntando (soy menos tonto de lo que parezco).

En esto precisamente radica el secreto del éxito de los mini-referéndum populares, amparados – por otro lado – en la Constitución española (Art. 23.1)los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente [he dicho “directamente”] o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Nuestros políticos deben perder el miedo ha hacernos partícipes de sus inquietudes, porque estoy seguro de que – como he señalado más arriba – no somos tan tontos como parecemos…

Tenemos así mismo como ciudadanos, como personas que compartimos un mismo espacio en un mismo momento del tiempo, la responsabilidad de exigir que se nos tenga en cuenta.

Muchos no nos encontramos del todo a gusto encorsetados en un partido determinado pero hay infinidad de opciones: asociaciones vecinales, profesionales, empresariales, sindicatos, de padres de alumnos, ONGs, etc. que pueden encauzar nuestras inquietudes.

Tenemos que tomar la calle y comenzar a pedir que se nos escuche.

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Entrada publicada el 23/11/2008 en www.economiaforense.org

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