Posted by on 10/02/2016

A menudo, las películas norteamericanas nos muestran unos juicios en los que podemos ver como hay abogados que atosigan, por igual, a testigos, demandantes, demandados, acusados, y… peritos. El espectador no aprecia grandes diferencias en las declaraciones de los testigos y de los expertos que, aunque finalmente aportan mayores matices a sus manifestaciones, sus apreciaciones son interpretadas sólo como valoraciones.

En el sistema judicial español el perito tiene funciones muy distintas y no es interrogado de la misma forma que a los testigos.

Según el Juan Montero Aroca, Catedrático de Derecho Procesal, en su libro “La prueba en el proceso civil” (editorial Cívitas) la doctrina ha establecido una serie de diferencias entre peritos y testigos, por lo que no sólo tienen intervención en el juicio de forma separada sino que esa diferencia hace que sus manifestaciones sean valoradas por el juzgados en atención a su función:

1) El testigo no se elige sino que está ahí por su conocimiento directo de los hechos, y ese conocimiento es el que tiene trascendencia. Entiendo que el tribunal necesita “ver y oír por sus oídos y sus ojos”. No es tan importante la forma en la que se manifiesta, o la amplitud de conocimientos que tiene sobre el tema, sino la veracidad que aporta su presencia de los hechos. El testigo es no es fungible porque generalmente no se puede sustituir por otra persona. En cambio, el perito es fungible, porque más que una persona específica que conoce los hechos, se exigen unos conocimientos especializados con independencia de la persona que los posea (si el perito designado no acepta el cargo – mediando justa causa – puede/debe ser sustituido o las partes pueden elegir libremente, en algunos casos, entre una gran lista de expertos (ponderando experiencia y coste).

2) La capacidad del experto viene determinada por su cualificación técnica y por su pericia a la hora de conocer e interpretar las fuentes de la prueba. La del testigo, en cambio, viene determinada por su percepción (entiendo que un testigo sordo no puede opinar sobre lo que ha oído…), de recodar lo que percibió y de su capacidad para exponerlo (por ese motivo habitualmente los niños de muy corta edad no son idóneos como testigos, dejando aparte – supongo – otras consideraciones psicológicas)

3) El testigo debe ser necesariamente persona física, porque se supone que debe transmitir lo que sintió. El dictamen de peritos puede ser a título individual, como persona física, de forma colegial, un grupo de personas que emiten un dictamen, o por una persona jurídica (aunque siempre será una persona física la que emita el dictamen).

4) La persona que ha presenciado los hechos, dado su conocimiento de estos, está obligado a colaborar con la justicia si es requerido por las partes o por el tribunal, so pena de ser sancionado; en cambio, el perito muestra su disponibilidad a presta sus servicios como tal y una vez contratado por la parte o designado judicialmente puede aceptar o no el nombramiento (aunque una vez aceptado está obligado a hacer el trabajo).

5) El perito – obviamente – cobra por su trabajo; por el contrario, el testigo ni cobra ni puede cobrar retribución alguna, más allá de una compensación por los gastos ocasionados por su comparecencia.

6) El testigo, en caso de falso testimonio, responde penalmente por el delito, al igual que el perito, que además responde civilmente por los daños y perjuicios que ocasionara a los litigantes. Asimismo, el perito puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a la normativa deontológica que regula su profesión; y el testigo no.

7) El testigo contestará oralmente a las preguntas que se le formulen y manifestará lo que el percibió durante el transcurso de los hechos y siempre sobre hechos pasados; el perito, que no tiene conocimiento de los hechos antes de intervenir en el proceso, debe realizar un trabajo previo de reconocimiento y elaboración de un informe, generalmente escrito, y siempre sobre hechos presentes (entendiéndose como presente la pruebas actuales de hechos pasados).

8) El perito interviene en el proceso porque ha manifestado su intención de colaborar con la justicia mediante la inscripción previa en las listas que al efecto elabora su Colegio profesional, siendo irrelevante la forma en la que ha obtenido su conocimiento; y el testigo, en cambio, interviene de forma fortuita puesto que no lo ha elegido, y su conocimiento no tiene porqué ser exacto ni completo.

9) La imparcialidad de ambas figuras se protege mediante la tacha y la recusación. El perito puede ser tachado (advertencia al juzgador de sospecha de parcialidad del testigo y que tomará en consideración a la hora de valorar su declaración conforme a las reglas de la sana crítica) y recusado… (Art. 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

“3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos:

1ª. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

2ª. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.

3ª. Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. “

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Entrada publicada el 27/1/2007 en www.economiaforense.org

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